¡Chile sin violencia hacia ellas!

¡Chile sin violencia hacia ellas!
07-03-2019 Tags: ,

Por: Lisette Ávila O.

Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y para entender cómo ha sido el desarrollo de los resguardos para la seguridad y la no violencia hacia la mujer es que les hemos consultado a organizaciones sociales y representantes del Gobierno su mirada sobre el tema. 

 

   Ocho femicidios consumados y 18 femicidios frustrados son las cifras que al cierre de esta edición fueron entregadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Antecedentes que día a día actualizan en esta secretaría con la ilusión de que no existan más casos como el de Nelly Malo, Soraya Sepúlveda, Gertrudis Martínez, Nabila Riffo y Katherine Medel, todas ellas mujeres chilenas violentadas por sus parejas.

   Un hecho de violencia contra la mujer se difunde y se castiga hoy mucho más que hace tiempo, gracias a una población civil que mediante movimientos feministas y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ha hecho que el tema sea prioridad nacional en las agendas gubernamentales de los países.

   ‘Beat me’, el poderoso mensaje de las mujeres pakistaníes contra la violencia machista; ‘TheDress’, la campaña de la rama de Sudáfrica del Ejército de Salvación para el abuso contra las mujeres; ‘Ni una menos’, consigna argentina que dio origen a un movimiento feminista que protesta contra la violencia hacia la mujer, y ‘No lo dejes pasar’, campaña del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, son algunos buenos ejemplos de cómo la sociedad ha salido a las calles a exigir que las necesidades y los derechos de las mujeres tengan el lugar que les corresponde.

   En Chile la evolución cultural hacia la protección de las mujeres es un trabajo que ha costado más de una década. Así por lo menos lo señala el informe ‘Violencia contra la mujer en Chile y derechos humanos’, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2017), que señala que “ha sido fruto de una mayor visibilización y denuncia de los altos índices de violencia contra ellas… La sociedad, a través de sus movimientos sociales, ha reaccionado en forma organizada llevando a cabo actos de protesta social y marchas multitudinarias que acogen la consigna ‘Ni una menos’ a lo largo de Latinoamérica. Esto demuestra no solo que se ha ido generando una alianza solidaria entre mujeres cuando son agredidas, sino que también la violencia contra la mujer tiene una connotación política al porvenir de una especial forma de ordenación de la sociedad”.

   Una de las organizaciones ciudadanas que en nuestro país han generado debate sobre la violencia contra las mujeres es el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), que nació hace cinco años como una fanpage de Facebook con el objetivo de visibilizar y contribuir a la erradicación del acoso sexual callejero. Una entidad que creció hasta lo que es hoy y que se ha encargado de dar a conocer no solo la violencia en las calles, sino también en el trabajo y en los ambientes educativos. “El impacto que han tenido VIOLENCIA CHILE SIN HACIA ELLAS las campañas que hemos realizado han generado que, por ejemplo, hoy la empresa Metro tenga más responsabilidad en términos de violencias sexuales en la empresa de transporte, además de una ciudadanía que se ha ido educando y ha comenzado a generar más exigencias en términos legislativos y también al Estado”, dice María Francisca Torres, una de las dirigentas de OCAC.

   Sobre el avance en materia de protección hacia la mujer en Chile, Torres señala que lo social siempre va un paso más delante del Poder Legislativo. “Hace cinco años no se hablaba de acoso sexual callejero, sino de piropo, dándole un aspecto positivo a un hecho que es negativo. Ante ello, las mujeres generamos distintos mecanismos de movilidad, como por ejemplo no salir a ciertas horas o salir acompañadas por un hombre. Entonces, la evolución ha sido gracias una demanda importante que han hecho adolescentes y mujeres que han exigido legislar al respecto. Lamentablemente tenemos una legislación de finales de 1800 que es anacrónica; por eso debemos seguir batallando para generar un marco legislativo a la altura de lo que sucede hoy en día, sin olvidar también que ese marco vuelva a ser restrictivo y tengamos que estar siempre peleando para hacerlo más ajustable a las necesidades que vayamos generando como sociedad”, concluye.

Legislación e institucionalidad

 

Paralelamente a los movimientos sociales y a los organismos internacionales que resguardan la protección de los derechos humanos debe existir en cada país una institucionalidad que propicie la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los primeros esfuerzos legislativos en materia de violencia intrafamiliar en nuestro país datan del año 1994 con la Ley N° 19.325, que estableció normas sobre procedimientos y sanciones relativos a actos de violencia en las relaciones de pareja. Once años después, el 7 de octubre de 2005, surgió la Ley N° 20.066, cuyo objetivo era prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma. Esta última normativa ha tenido modificaciones como la Ley N° 20.286, que incluye la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, lugar de trabajo o estudio, o cualquier otro lugar donde concurra; la Ley N° 20.480, que crea el delito de femicidio y otras modificaciones en el tratamiento de los casos, y la Ley N° 21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato habitual y aumenta la protección de personas en situación especial.

A las anteriores legislaciones se suma hoy la tramitación de una nueva ley impulsada por el actual gobierno de Sebastián Piñera. “Se encuentra en tramitación el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que durante este primer año de gobierno se le dio urgencia a su tramitación, avanzando al segundo trámite constitucional en la Comisión Mujer del Senado con suma urgencia. Esta iniciativa abarca otros proyectos de ley que se están tramitando, como, por ejemplo, el de violencia en el pololeo”, explica, Carolina Contreras, jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

En la actualidad, y con la legislación vigente, se puede hablar de violencia física, violencia sicológica y violencia sexual. Las dos primeras se encuentran en la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066, y la segunda, que constituye delito, se encuentran en el Código Penal. “También tenemos el maltrato habitual, delito tipificado en la misma Ley N° 20.066 y que dice relación con el maltrato sicológico sistemático en contra de una mujer. Aun cuando el acoso sexual es violencia sexual, lo hallamos solamente tipificado en el ámbito laboral. Se encuentra en tramitación un proyecto de ley sobre acoso sexual. Las condenas van desde una multa a 15 años de presidio, sin considerar las agravantes o atenuantes que pudiera tener el caso específico”, explica Contreras.

En cuanto a institucionalidades chilenas dedicadas a resguardar los derechos de las mujeres en nuestro país, la primera que promovió la igualdad entre mujeres y hombres fue la Oficina Nacional de la Mujer de la Presidencia de la República, creada en 1969 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. A esta le siguió la Secretaría Nacional de la Mujer, instaurada en 1972 durante el gobierno del presidente Salvador Allende, la que se mantuvo durante el régimen militar como unidad dependiente de la División de Organizaciones Civiles de la Secretaría General de Gobierno. Ya en democracia, y bajo el presidente Patricio Aylwin, se creó el Servicio Nacional de la Mujer, que a partir del 1 de junio de 2016 pasó a llamarse Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Sobre la misión que ha tenido este último tiempo la institución gubernamental, la ministra de la cartera, Isabel Plá, señala que “el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género están ocupándose de uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país, que es la violencia en contra de las mujeres. La primera tarea es modificar las leyes con el propósito de cerrar cualquier espacio de impunidad que pudiera todavía existir en nuestra legislación, y por eso tenemos suma urgencia con el proyecto de ley de Violencia Integral, que ya fue aprobado en enero por la Cámara de Diputados. Es una reforma larga, muy importante, que crea una ley especial que garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y modifica también el Código Penal”, concluye.


¿Qué hacer ante un hecho de violencia?

   Las denuncias se deben hacer en Carabineros, PDI o en la Fiscalía. Este es el trámite de inicio de una causa judicial. Además, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cuenta con un número de teléfono de orientación para mujeres víctimas de violencia, que es el 1455 y que cuenta con personal capacitado para indicar cómo denunciar y qué programas de atención integral tiene la institución para ayudar en su protección a medida que avanza el proceso judicial.

¿Qué acciones se realizan por parte de las instituciones que reciben la denuncia?

1. Aplicación de Pauta Única Inicial de Evaluación de Riesgo, en dependencias de cualquiera de las policías y en la Fiscalía.

2. Aplicación de parte VIF en terreno (por parte de Carabineros de Chile).

3. Procedimiento de constatación de lesiones en cualquier servicio de salud.

4. Medidas de Protección Autónomas aplicadas por la Fiscalía (no requieren intervención del juez/a):

  • Derivación a casas de acogida.
  • Rondas periódicas de Carabineros al domicilio.
  • Consultas telefónicas periódicas de la policía al testigo.
  • Botones de emergencia instalados por la Fiscalía en el domicilio de la víctima o alarmas personales de ruido.
  • Cambio de domicilio temporal o definitivo del/ la sujeto/a protegido/a.
  • Cambio de número telefónico de la víctima.
  • Entrega de teléfonos celulares o tarjetas telefónicas. Familia en línea.
  • Aseguramiento y defensas a la estructura del domicilio del sujeto.

¿Qué diferencia hay entre abuso y violación?

La gran diferencia entre ambos delitos es el acceso carnal (penetración) por vía vaginal, anal o bucal, siendo esto característico del delito de violación.